Casos resueltos

Son muchas las personas que han pasado por nuestro despacho buscando apoyo en las diferentes áreas en las que trabajamos. Así se resolvieron sus casos:

Casos de Herencias

1.- Heredero universal

Durante el año 2013 acudió a mi oficina, Javier R. R., viudo, gravemente enfermo, con un patrimonio de 180.000€ y con tres hijos. Javier R. R. había decidido repartir su herencia en vida, dado su estado de salud y la desigual situación económica en que se encontraban sus hijos. Le advertí de que era una decisión muy importante, y le aconsejé que debía dejar todo “atado y bien atado” para evitar problemas futuros.

A su hijo mayor, Mario R. G., le iban bien las cosas, tenía un buen trabajo y una posición económica desahogada; la hija mediana, Laura R. G., tenía un pequeño negocio que pasaba por altibajos económicos; y la tercera hija, Carmen R. G., pese a haber estudiado una carrera universitaria, se encontraba desempleada desde hacía dos años.

Por lo tanto, pese a que el hijo mayor estaba bien situado económicamente, Javier R. R. había decidido repartir su patrimonio en este momento, con el propósito de beneficiar a los dos hijas.

El reparto que Javier había decidido era el siguiente:

Mario R. G., el hijo mayor, recibiría la cantidad de 20.000€, considerando su estabilidad económica.

Laura R. G., la hija mediana, obtendría 50.000€ para así sostener el negocio que le daba de comer a su hija, y que con tanto cariño había creado.

Carmen R. G., la hija pequeña, que se encontraba en situación de desempleo, recibiría la cantidad de80.000€, para que pudiese resolver su precaria situación económica y lo pudiese invertir bien.

Javier R. R. se reservaba 30.000€ para proveer su vida y hacer frente a su enfermedad. Si cuando muriese sobrase algo de ese dinero se repartiría a partes iguales entre los tres hijos.

Una vez que mi cliente comunicó a sus hijos su decisión, no se produjo ningún problema, todos entendieron los motivos por los cuales su padre la había tomado. Pocas veces me he encontrado con tanta paz en el reparto de una herencia, y tan buena disponibilidad en la familia.

No hay duda de que acudir a un buen especialista en herencias puede allanar los distintos escollos legales que se puedan producir, y proporcionar un buen asesoramiento jurídico en un tema tan complicado como es este.

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2.- Herencia sin testamento

Con estas dudas y más, acudieron a nuestro despacho los Sres. Don Juan M.V y Dña. Carolina M.V., hermanos, cuyo tío había fallecido recientemente sin haber otorgado disposición alguna de última voluntad, en estado de soltero y sin dejar descendentes ni ascendientes, ya que estos premurieron al mismo, un casó más de herencia sin testamento. El causante había tenido seis hermanos, aunque todos los hermanos del causante fallecieron, dos de ellos sin estirpe y los restantes cuatro dejando descendencia con derecho a la herencia. Inmediatamente, procedimos a interponer expediente de jurisdicción voluntaria de declaración de herederos, a través del cual conseguimos obtener judicialmente el título sucesorio, y así, poder recibir lo que les correspondiese de la herencia legítima de su tío, según la Ley, además de la parte de la herencia correspondiente a una de sus tías, que renunció a favor de mis clientes.

  • Primero se dictó un edicto, que posteriormente se publicó, para que aquellos que hubiesen sido ignorados y que pudieran tener derecho a la herencia comparecieran en el plazo de 30 días, y alegaran lo que a su derecho conviniese. Posteriormente a ello y tras presentarse las personas que tenían derecho a la herencia se dictó una propuesta de auto, (que debe ser firmada por el juez), y finalmente el auto en el que se establecía que declaraba como herederos abintestato del tío fallecido a los sobrinos de éste, resultando que Don Juan M.V. y Doña Carolina M.V. fueron declarados herederos en dos octavas partes de la herencia cada uno, y los demás sobrinos del causante, en una octava parte de dicha herencia cada uno de ellos.

Resumiendo un poco,  vemos cómo quedó finalmente repartida la herencia con un caudal relicto de 589.328 €:

  • Don Juan M.V., en una octava parte por derecho de representación de su padre, y en otra octava parte por renuncia a su favor de una de sus tías.
  • Don Carolina M.V., en una octava parte por derecho de representación de su padre, y en otra octava parte por renuncia a su favor de una de sus tías
  • Doña María, en una octava porte por derecho de representación de su madre.
  • Don Rubén, en una octava parte por derecho de representación de su madre.
  • Doña Carmen, en una octava parte por derecho de representación de su madre.
  • Don Diego, en una octava parte por derecho de representación de su madre.

Tras ello se procedió a pagar el Impuesto de Sucesiones, cada uno en su proporción, (hay un plazo de 6 meses desde que se produce el fallecimiento), y una vez liquidado el impuesto, se procedió a tomar posesión de los bienes heredados. Así se solucionó esta herencia sin testamento. Para no volvernos locos, mejor acudir a un abogado de herencias.

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3.- Donaciones en vida

Sin saber estas esenciales diferencias jurídicas y tributarias entre ambas instituciones, pero siendo ciertamente previsora, se presentó en nuestro despacho Sandra S.D-P., en diciembre de 2014. Su intención no era otra que saber si era mejor esperar a heredar o que sus familiares realizaran unas donaciones en vida en Murcia a su favor.

Sandra, según nos contó estaba es disposición de heredar al menos tres propiedades inmobiliarias. Se trataba de tres pisos en dos edificios contiguos. Las propiedades pertenecían a su abuelo materno y a una tía-abuela suya, precisamente, hermana menor del abuelo.

Los dos edificios habían sido construidos en los años 50 por la familia cuya hipotética heredera, en teoría, era, precisamente, nuestra cliente. A medida que fue pasando el tiempo, y como consecuencia de las sucesivas transmisiones de unos a otros, y los impuestos que las gravan, hicieron necesarias sucesivas ventas para que los propietarios pudiesen seguir viviendo de las rentas que les proporcionaban estos inmuebles.

En total, la evaluación económica de los pisos se estimaba a valor de mercado en casi 400.000 €. Así las cosas, si se aplicaban los impuestos que gravarían las transmisiones mortis causa, el importe a pagar sería de casi 85.000 €, teniendo en cuenta los coeficientes de parentesco, edad y patrimonio anterior de la hipotética heredera.

De esta forma, se buscó que en vez de aplicar la carga tributaria sobre los tres inmuebles, en todo caso, que se dejarían y transmitirían por testamento por parte del abuelo y de la tía-abuela a favor de nuestra cliente, se adoptase la decisión de proceder a una donación de uno de los pisos, y ratificar esta liberalidad por testamento, para evitar sorpresas de posibles impugnaciones posteriores.

Una vez donado el piso primero, se le aconsejó a la heredera que sugiriese a su tía-abuela que dejase en testamento, voluntariamente, por supuesto, cuál era el reparto de sus bienes para su distribución una vez fallecida. En el derecho de sucesiones siempre es recomendable dejar otorgado testamento, para simplificar los asuntos posteriores.

Teniendo en cuenta esta previsión, se le aconsejó a la heredera que, mientras fuese posible, a salvo de que el fallecimiento pudiese producirse, retrasase hasta tres años más la nueva donación, para que la carga tributaria por las donaciones acumuladas no fuese posible, evitando el pago de un gravamen superior en el impuesto. De esta forma, podría evitar pagar en torno a 15.000 € más.

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4.- El laberinto de una herencia

Juan E.A. había sido cliente de mi despacho desde hacía más de 15 años.

Poco antes de su jubilación,  Juan E.A. quedó viudo  tras una larga y penosa enfermedad de su esposa.  Pocos años después, conoció a una mujer, Mª Carmen F.G., con la que se fue a vivir y con quien compartió la última etapa de su vida. Mi cliente falleció tras sufrir un severo cáncer, y es aquí cuando comienza la lucha de sus hijos por el testamento. Juan E.A. había redactado un nuevo testamento después de conocer a esta mujer, Mª Carmen, dejándola a ella todos sus bienes. La familia, tras conocer su contenido, acudió a un despacho de abogados de herencias en Coruña (donde residían los hijos del difunto), y trató de impugnar dicho testamento alegando absolutamente de todo. Desde la falsificación de la firma de ese último testamento hasta culpar a esa mujer de engañarle  para firmar lo que ella quería.

Con este ejemplo, deseo poner de manifiesto  que buscar un abogado experto en herencias tiene muchas ventajas: siempre valorará sus intereses, resolviendo todas sus dudas en cuanto al testamento, informando de todos los gastos e impuestos que genera el mimo, negociando con los herederos, así como con bancos y por último y en tal vez en el peor de los casos iniciando  los trámites judiciales necesarios para la resolución del mismo.

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Casos de Accidentes Laborales

1.- Accidente laboral y Seguridad Social

Hace un par de años conocí ahí a Pedro J. P., que estaba esperando en la cola a ser atendido para presentar su parte de baja. Resulta que, mientras esperábamos, empezamos a hablar, y me contó que era camarero en un céntrico bar y que se había roto el brazo mientras servía mesas.

Lo que me chocó fue que Pedro J. P. tenía un contrato a tiempo parcial de mañanas, y el accidente lo sufrió por la tarde. Resulta que su jefe le amenazaba con echarle si no cumplía una jornada laboral completa, que, además, ni le pagaba ni compensaba con días libres ni vacaciones.

Cuando Pedro J. P. se reincorporó al trabajo, lo primero que hice fue presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo. Esta corroboró que Pedro J. P. estaba trabajando a jornada completa, incluidas las tardes y noches, y no dudaron en sancionar al empresario con 6.000€ de multa.

Así que después presenté denuncia por la vía penal contra el mismo por haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores, pues mediante la extorsión y las amenazas de despedir a Pedro J. P. le obligaba a trabajar más de 12 horas diarias (de las que sólo le pagaba 4), sin compensación a cambio.

En el juicio fue fundamental el informe de la Inspección, así como las testificales de los inspectores, pues el resto de los compañeros se negaron a hablar, alegando que desconocían la situación de Pedro J. P. Finalmente el Juez condenó al empresario a un año de prisión y a indemnizar a Pedro J. P. con 35.000€.

En muchas ocasiones mis clientes me preguntan que, si están cobrando una indemnización o prestación por un accidente, cómo tienen que declararla y si tienen que tributar por ella. Y es que el abogado experto en esta materia sabe que no sólo basta con abarcar el derecho laboral por el accidente, también es necesario saber de derecho fiscal y tributario.

Pues bien, en el caso de las prestaciones por baja temporal o permanente tendrán la consideración de rendimiento del trabajo, pero será una cuantía menor al sueldo que el trabajador estaba percibiendo, pues no se le paga íntegramente todo el sueldo, sólo el 75% de la base reguladora; con lo cual, las retenciones que se le practiquen serán proporcionales a lo percibido.

En cambio, si se trata de una indemnización por accidente, habrá que distinguir si esa cuantía fue establecida judicialmente o por acuerdo de las partes. Si fue el juez quien estableció la cuantía de la indemnización, estará exenta de tributación. Pero si, por el contrario, fue de mutuo acuerdo, sólo tributará como ganancia patrimonial lo que exceda de la cuantía dispuesta legalmente mediante la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En ambos casos deberán incluirse dichas cantidades en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicasdel periodo impositivo en el que lo haya disfrutado. Así pues, si desconocía este hecho y olvidó declararlo, podrá formalizarlo en una declaración complementaria al año siguiente, pero entonces se considerará como una ganancia patrimonial y tributará por la base de lo percibido, suponiendo aproximadamente un 45%.

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2.- Legislación laboral

Pregunta: Voy a ponerte el caso de Nicasio I. M., que se encuentra en una situación preocupante por retrasos en el pago de los salarios, sin que a fecha de hoy haya cobrado la nómina del mes anterior. Con ello la cantidad de dinero que en este momento se encuentra pendiente de pago por parte de la empresa asciende a 4.500€.

Respuesta: Una de las causas de extinción del contrato de trabajo que recoge el artículo 49.1.j), en relación con el artículo 50 ET, es la voluntad del trabajador fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.

En concreto, el artículo 50.1.b) ET habla de la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, tal y como le ocurre a Nicasio I. M. La Jurisprudencia entiende que los incumplimientos tienen que ser graves, y tratándose de impagos de salarios es preciso un incumplimiento continuado, y no algo esporádico o circunstancial.

Nicasio I. M. podría proceder a resolver su contrato laboral, dado el comportamiento continuado y persistente de la empresa, y tendría derecho a solicitar la indemnización de 45 días por año de servicio, con el tope de 42 mensualidades hasta febrero de 2012, y desde esa fecha de 33 días, con el tope de 24mensualidades.

 

3.- “Busco abogado laboralista”

Esas fueron las palabras que me dijo Pablo D.G. cuando llamó por teléfono a mi despacho. Había tenido un accidente en el supermercado en el que trabajaba. Llevaba más de 3 meses de baja médica, y de cobrar un salario de 1.287 € mensuales había pasado a cobrar una prestación de 965,39 €.

Su sueldo era la única fuente de recursos de su familia numerosa, y necesitaba compensar de alguna forma esa drástica reducción de sus ingresos. Había leído y oído hablar de gente accidentada que había cobrado indemnizaciones y quería saber cuáles eran sus derechos.

Los números no cuadraban, y la duda se despejó cuando pude ver las nóminas que le había pagado su empresa durante esos 3 meses. Detecté que no le estaban pagando el complemento previsto en su convenio colectivo, según el cual el personal tiene derecho a que el empresario le pague la diferencia entre las prestaciones correspondientes de la Seguridad Social y el salario que habría percibido de no haber sufrido el accidente de trabajo.

Le debían ya 964,38 €. Una llamada por mi parte al departamento de personal bastó para regularizar esta cuestión y la empresa se puso al día en los pagos.

Pablo D.G. recibió una comunicación de la Inspección de Trabajo en la que se le indicaba que se había iniciado una investigación sobre su accidente. Me personé inmediatamente en el expediente administrativo, que finalizó con una resolución por la que se imponía a la empresa una sanción por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. El accidente se había producido como consecuencia de una negligencia empresarial en el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa debía pagarle un recargo del 35% de las prestaciones por la incapacidad temporal, es decir, 450,45 € mensuales más.

Constatado así por la Inspección el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, a los 2 meses Pablo D.G. fue dado de alta médica sin que le quedara ninguna secuela. Aunque afortunadamente sus lesiones se curaron tenía derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que le causó el accidente, que debería pagar la empresa o la compañía con la que tuviera asegurada la responsabilidad civil.

Como no existe norma laboral alguna que establezca la forma de cálculo de este tipo de compensación, los tribunales vienen aplicando analógicamente el baremo que se usa para fijar las indemnizaciones por accidentes de tráfico tanto en el orden civil como en el penal.

Pablo D.G. había estado 186 días de baja, período durante el que no pudo trabajar. Considerando que cada día de baja debe compensarse con 58,41 €, exigí a la aseguradora el pago de 10.864,26 €, más el 10% por perjuicios económicos y los intereses.

Como no había secuelas físicas, la aseguradora aceptaba el pago de los días de baja, pero no quería pagar esos 1.086,26 € de perjuicios económicos ni los intereses. Pablo D.G. debía tomar una decisión, aceptaba la cantidad que le ofrecían o íbamos a juicio.

Como es natural, él me pidió consejo, y yo le recomendé que aceptara. A pesar de que creía que tenía derecho a ello, mi experiencia me ha enseñado que nunca se puede dar por hecho el éxito de un juicio aunque uno crea que lleva la razón, porque su resultado depende al fin y al cabo de la personal decisión del juez que corresponda.

Después de pensarlo durante una semana, Pablo D.G. aceptó la indemnización ofrecida, porque entendió que ya había sido compensado con el cobro del complemento y el recargo de las prestaciones que le abonó la empresa, más la indemnización que ni se había imaginado que tenía derecho a recibir

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4.- Accidente in itinere

Llevo muchos años siendo abogado de accidentes e indemnizaciones en Murcia pero uno de los casos que más recuerdo es el de Cristina A.R., porque una mañana mientras iba de camino al trabajo en el coche de su novio tuvo un siniestro y como consecuencia sufrió un latigazo cervical, del que tardó más de tres meses en curarse.

La compañía de seguros le pagó la indemnización correspondiente, pero la mutua se negaba a pagarle la baja laboral al considerar que no estaba debidamente acreditado que el vehículo de su novio fuera realmente el medio de transporte que habitualmente usaba para ir al trabajo, ni el más adecuado. En el juicio se llamaron a declarar a las personas más cercanas de Cristina A.R., así como a trabajadores que habitualmente están cerca de Cristina.

Estos declararon que desde que empezó a trabajar, hacía ya dos años, siempre había acudido al trabajo con el coche de su novio, ya que se lo compraron a medias, pero constaba él como titular. Además, él no lo necesitaba para ir a trabajar pues su empresa estaba cerca de su domicilio, por el contrario, ella era imprescindible que lo usara, ya que las oficinas están en un polígono industrial a las afueras. Finalmente Cristina ganó el juicio y la mutua tuvo que pagar a Cristina A.R., 5,000 €.

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Accidentes de tráfico

1.- Accidente con lesiones

Mi cliente Cristóbal H. M. acudió a mi despacho como profesional especializado buscando asistencia legal y ver qué solución e indemnización le correspondía por las lesiones del accidente de tráfico que había padecido.

 El día 5 de febrero de 2010 el turismo en el que viajaba mi cliente sufrió un accidente de circulación al producirse una colisión por alcance, siendo golpeado en su parte trasera por el vehículo que circulaba detrás de él.

El suceso ocurrió cuando ambos vehículos transitaban bajo condiciones meteorológicas adversas, que exigían una conducción extremadamente diligente. A consecuencia del accidente, mi cliente sufrió lesiones de diversa consideración, principalmente asociadas a un latigazo cervical severo, que son lesiones frecuentes en los accidentes de tráfico.

En virtud del atestado de la Guardia Civil se siguió ante el Juzgado de Instrucción el correspondiente proceso, terminando éste con sentencia absolutoria para el denunciado. En dichas actuaciones penales se personó la entidad aseguradora del automóvil conducido por el denunciado, en calidad de responsable civil directo, y no efectuó pago o consignación alguna dentro del plazo de tres meses siguientes al siniestro, como debería haber hecho conforme a la legislación vigente.

Dentro del periodo establecido de un año desde el archivo de la causa penal, se formula demanda civilconjunta contra el conductor del vehículo y responsables civiles en reclamación de la indemnización que se consideraba pertinente, más el interés de demora fijado en la Ley del Contrato de Seguro.

La aseguradora demandada se opuso a que se le impusieran los referidos intereses de demora, al negar cualquier responsabilidad de su asegurado en el accidente, por considerar que el mismo quedaba exonerado por los motivos meteorológicos citados anteriormente, que impidieron observar ninguna negligencia en el ámbito penal.

Sin embargo, se decide por el juzgado de lo civil la completa estimación de la demanda de mi cliente, quedando por ello la aseguradora obligada al pago de la cantidad reclamada así como de los intereses del artículo 20 LCS a tener en cuenta desde el suceso, suponiendo un total de 18.567€ (cantidad compuesta por 17.500€de indemnización y 1.067€ de intereses).

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2.- Indemnización por accidente de tráfico

Unos meses atrás gestioné en mi despacho de abogados uno de estos asuntos de reclamación deindemnización por accidente de tráfico en Murcia. José M.P. me trasladó lo que le había ocurrido: seis meses antes se encontraba detenido en un semáforo con su motocicleta cuando, al oír a una ambulancia que solicitaba paso desde atrás, avanzó para dejar paso; en ese momento el coche que se encontraba en el carril de al lado, conducido por Ana M.A., asegurado, para dejar paso a la ambulancia invadió su carril y colisionó contra su motocicleta. Como consecuencia del impacto se derribó la motocicleta que cayó encima la pierna de José que quedó aplastada.

José M.P., con fuertes dolores en la pierna, fue trasladado al centro hospitalario más cercano en el que se observó que se había fracturado la tibia por lo que se debía proceder a operarle. Como consecuencia de la operación y posterior recuperación hubo de estar una semana hospitalizado.

En base a estos hechos mi cliente quería saber si tenía derecho a una indemnización por accidente de tráfico, en cuanto que la compañía aseguradora de Ana M.A. se negaba a reconocerle ninguna indemnización, ni siquiera a reparar los daños en su motocicleta, en cuanto entendía que la colisión fue por culpa de José que debió prever la maniobra de Ana y así evitar el accidente.

Le trasladé a José M.P. que por supuesto se podía reclamar indemnización al causante del accidente y a la compañía aseguradora, en tanto que las excusas que daba la aseguradora para no indemnizar no me parecían en absoluto justificadas. Procedí,  por tanto, a presentar denuncia en el Juzgado competente en la que solicitába que los daños de mi cliente fueran valorados por el médico forense.

La denuncia iba acompañada de fotografías de los daños causados en los vehículos, que D. José tenía, de las cuales podía desprenderse fácilmente, por el lugar en el que estaban los golpes, que fue Ana M.A. la que envistió con su vehículo a la motocicleta de mi cliente. Por tanto al recibir notificación de la denuncia, la aseguradora, viendo que José ahora sí estaba defendido por abogado especializado que estaba dando los pasos legales necesarios, se puso en contacto con nosotros para ofrecernos indemnización de 2.000 € y reparación inmediata de todos los daños que sufrió la motocicleta. Nosotros descartamos este acuerdo en cuanto consideramos que la indemnización que podíamos lograr era bastante superior.

Posteriormente, citado José ante el médico forense, éste emitió su informe de sanidad en el que se le reconoció una secuela, por la fractura de la tibia, valorada en 3 puntos, lo que en atención a su edad y circunstancias, suponía un importe de 2.282 € . A ello había que sumar los 7 días de hospitalización y 75 días impeditivos, lo que haría una indemnización total de 7.162 €.

Tras el informe de sanidad, volvimos a tener negociaciones con los abogados de la compañía aseguradora. Después de varias conversaciones accedieron a pagar el total de la indemnización valorada por el médico forense de 7.162 € y a asumir la reparación de los daños en la motocicleta de José. A la vista del informe médico y de la solidez de nuestra versión puesta de manifiesto en la denuncia, la aseguradora comprendió que el Juez nos daría la razón y que antes o después tendría que pagar.

José M. P. quedó muy satisfecho por el resultado obtenido, reconociendo que, sin nuestra intervención nunca hubiera conseguido una indemnización. Entiendo que fue otro caso en el que conseguimos optimizar las posibilidades de nuestro cliente alcanzando la máxima indemnización posible, superando las reticencias a pagar y los obstáculos planteados por la compañía aseguradora.

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3.- Puntos de indemnización por accidente

Unos meses atrás gestioné en mi despacho de abogados uno de estos asuntos de reclamación deindemnización por accidente de tráfico en Murcia. José M.P. me trasladó lo que le había ocurrido: seis meses antes se encontraba detenido en un semáforo con su motocicleta cuando, al oír a una ambulancia que solicitaba paso desde atrás, avanzó para dejar paso; en ese momento el coche que se encontraba en el carril de al lado, conducido por Ana M.A., asegurado, para dejar paso a la ambulancia invadió su carril y colisionó contra su motocicleta. Como consecuencia del impacto se derribó la motocicleta que cayó encima la pierna de José que quedó aplastada.

José M.P., con fuertes dolores en la pierna, fue trasladado al centro hospitalario más cercano en el que se observó que se había fracturado la tibia por lo que se debía proceder a operarle. Como consecuencia de la operación y posterior recuperación hubo de estar una semana hospitalizado.

En base a estos hechos mi cliente quería saber si tenía derecho a una indemnización por accidente de tráfico, en cuanto que la compañía aseguradora de Ana M.A. se negaba a reconocerle ninguna indemnización, ni siquiera a reparar los daños en su motocicleta, en cuanto entendía que la colisión fue por culpa de José que debió prever la maniobra de Ana y así evitar el accidente.

Le trasladé a José M.P. que por supuesto se podía reclamar indemnización al causante del accidente y a la compañía aseguradora, en tanto que las excusas que daba la aseguradora para no indemnizar no me parecían en absoluto justificadas. Procedí,  por tanto, a presentar denuncia en el Juzgado competente en la que solicitába que los daños de mi cliente fueran valorados por el médico forense.

La denuncia iba acompañada de fotografías de los daños causados en los vehículos, que D. José tenía, de las cuales podía desprenderse fácilmente, por el lugar en el que estaban los golpes, que fue Ana M.A. la que envistió con su vehículo a la motocicleta de mi cliente. Por tanto al recibir notificación de la denuncia, la aseguradora, viendo que José ahora sí estaba defendido por abogado especializado que estaba dando los pasos legales necesarios, se puso en contacto con nosotros para ofrecernos indemnización de 2.000 € y reparación inmediata de todos los daños que sufrió la motocicleta. Nosotros descartamos este acuerdo en cuanto consideramos que la indemnización que podíamos lograr era bastante superior.

Posteriormente, citado José ante el médico forense, éste emitió su informe de sanidad en el que se le reconoció una secuela, por la fractura de la tibia, valorada en 3 puntos, lo que en atención a su edad y circunstancias, suponía un importe de 2.282 € . A ello había que sumar los 7 días de hospitalización y 75 días impeditivos, lo que haría una indemnización total de 7.162 €.

Tras el informe de sanidad, volvimos a tener negociaciones con los abogados de la compañía aseguradora. Después de varias conversaciones accedieron a pagar el total de la indemnización valorada por el médico forense de 7.162 € y a asumir la reparación de los daños en la motocicleta de José. A la vista del informe médico y de la solidez de nuestra versión puesta de manifiesto en la denuncia, la aseguradora comprendió que el Juez nos daría la razón y que antes o después tendría que pagar.

José M. P. quedó muy satisfecho por el resultado obtenido, reconociendo que, sin nuestra intervención nunca hubiera conseguido una indemnización. Entiendo que fue otro caso en el que conseguimos optimizar las posibilidades de nuestro cliente alcanzando la máxima indemnización posible, superando las reticencias a pagar y los obstáculos planteados por la compañía aseguradora.

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4.- Denuncia por accidente de tráfico

Para entender bien estos conceptos, a continuación voy a explicar dos ejemplos distintos que pueden darse en esta materia. En primer lugar contaré el caso de una clienta que fue víctima de un accidente de tráfico en el que el conductor del vehículo contrario, que fue el culpable del accidente, no tenía seguro y además, dio positivo en el test de alcoholemia.

A continuación contaré el caso de un cliente que a pesar de haber interpuesto denuncia por lesiones por el accidente de tráfico sufrido, y de que el Juzgado conocedor del asunto eximiera de responsabilidad penal al conductor contrario, sí que obtuvo por la vía civil una indemnización por las lesiones sufridas.

María R. P., sufrió un accidente de tráfico, y como consecuencia de él estuvo de baja durante ciento ochenta y dos días, hasta la completa curación de todas sus secuelas físicas. Debido a que en el momento del accidente el conductor del vehículo contrario no disponía de seguro y además dio positivo en el test de alcoholemia, interpusimos denuncia por responsabilidad penal. Finalmente, el Juzgado conocedor del asunto condenó al denunciado como responsable de un delito de lesiones, y además, estableció una indemnización de 11.426,05 € .

Esta indemnización la calculé conforme a los baremos establecidos en la normativa para las indemnizaciones por accidentes de circulación, en el anexo correspondiente a la incapacidad temporal. Esta normativa establece una cantidad diaria de 71,84 € por cada día de ingreso hospitalario; 58,41 € por cada día impeditivo, donde la víctima no puede ejercer su trabajo o actividad habitual; y 31,43 € por cada día no impeditivo, donde el perjudicado puede realizar su trabajo habitual, pero tiene que seguir en tratamiento médico.

Mi clienta estuvo 8 días ingresada en el hospital, 161 días en los que no pude ejercer su trabajo habitual y 13 días en los que a pesar de que empezó a realizar su actividad normal, tuvo que seguir en tratamiento médico hasta su completa curación. Además, a la indemnización correspondiente a estos conceptos pude aumentarla en un 10 por ciento, que varía en función de las retribuciones netas anuales de la víctima.

Ramón T. P., requirió mis servicios profesionales para que le asesorara en relación a la indemnización que podía exigir como consecuencia de un accidente de tráfico que había sufrido. A pesar de haber interpuesto una reclamación de responsabilidad penal en la que el juez conocedor del asunto no había reconocido la culpabilidad del conductor del vehículo contrario, mi cliente tenía derecho a percibir una indemnización por las secuelas permanentes que le habían quedado. Por ello, en el plazo de un año desde la fecha de la sentencia penal interpuse la reclamación correspondiente.

Para el cálculo de la indemnización utilicé en primer lugar la tabla de clasificación de secuelas. Esta tabla le da una puntuación a cada una de las lesiones descritas. En el caso de mi cliente, que sufrió la ablación del ojo izquierdo, la puntuación era de 30. A continuación utilicé el baremo de indemnizaciones, que establece una cantidad por punto de 1.692,14 € para el caso de mi cliente, ya que tenía 19 años en el momento del accidente, y las cantidades varían en función de la edad de la víctima. Por lo tanto, la indemnización ascendía a 50.764,20 € .

Además, esta cantidad pude aumentarla en un 5 %, ya que en el momento del accidente mi cliente obtenía unos ingresos netos anuales de 14.000 €. Por lo tanto, la indemnización que pude reclamar a su favor fue de 53.302,41 € , por las secuelas sufridas como consecuencia del accidente de circulación.

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